• Asciende a 163 mil 133 millones 934 mil 679 pesos y mantiene una política de estricta disciplina financiera.

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el año 2024, con lo cual queda aprobado el ejercicio de 163 mil 133 millones 934 mil 679 pesos.

En la octava sesión ordinaria del tercer año de ejercicio constitucional, la Mesa Directiva dio a conocer y puso a consideración de las diputadas y los diputados el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mismo que incluye la propuesta remitida a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo estatal, y que registró 36 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

El documento destaca la concordancia del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, ambos del mismo ejercicio fiscal, y que el monto referido, distribuido bajo los principios de responsabilidad, equidad y justicia, presenta una variación en términos reales de 6.19 por ciento respecto al presupuesto 2023.

También consigna que las Participaciones y Aportaciones Federales para los Municipios ascienden a 30 mil 847 millones 184 mil 822 pesos, es decir, un aumento en términos nominales de 8.09 por ciento y en términos reales, 4.48.

Lo asignado a las dependencias de la Administración Pública Estatal equivale al 44.05 por ciento del gasto total del estado; el Subsidio Estatal destinado a éstas es de 32 mil 656 millones 890 mil 899 pesos, 45.44 por ciento de los recursos totales y un aumento nominal de 5.18 por ciento y en términos reales, 1.67.

Para las dependencias del Poder Ejecutivo fueron asignados 113 millones 648 mil pesos.

El importe para el Poder Legislativo asciende a 801 millones 020 mil 257 pesos; para el Poder Judicial, 2 mil 168 millones 893 mil 107 pesos; para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 72 millones 937 mil 060 pesos; Organismo Público Local Electoral, mil 250 millones 397 mil 920 pesos; Órgano de Fiscalización Superior, 194 millones 717 mil 582 pesos, y Universidad Veracruzana, 6 mil 712 millones 157 mil 272 pesos.

Para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 47 millones 848 mil 364 pesos; Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 23 millones 300 mil 900 pesos; Fiscalía General del Estado, mil 779 millones 275 mil 844 pesos; Tribunal Electoral del estado, 97 millones 300 mil pesos; Tribunal de Justicia Administrativa del estado, 92 millones de pesos.

Otros incrementos que destacan son los asignados a las secretarías de: Educación, 7.77 por ciento; Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 14.07; Infraestructura y Obras Públicas, 5.66; Turismo y Cultura, 51.32; Seguridad Pública, 1.56; Trabajo, Previsión Social y Productividad, 1.87, y Protección Civil, 3.38.

En lo que se refiere a los ingresos de libre disposición, éstos presentan un aumento de 11.59 por ciento al ascender a 63 mil 874 millones 740 mil 580 pesos. Este crecimiento proviene en gran medida del registrado en las participaciones federales que recibe la entidad y que en este ejercicio suman 52 mil 082 millones 593 mil 276 pesos, 13.81 por ciento más que en el año pasado.

El presupuesto asignado a los poderes y organismos autónomos que proceden de recursos estatales alcanzan los 10 mil 095 millones, 694 mil 609 pesos, con un incremento nominal de 20.40 por ciento y en términos reales, 16.38.

Así, el aumento al Poder Judicial es de 10.66 por ciento; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 3.55; Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 20.72; Tribunal Electoral de Veracruz, 20.72; Organismo Público Local Electoral, 127.30; Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 6.98; Poder Legislativo, 3.22; Universidad Veracruzana, 14.85 y Fiscalía General del Estado, 10.36 por ciento.

Por otra parte, se incorporan al presupuesto recursos estatales por 175 millones de pesos del Seguro de Desastres Naturales para proteger a la población veracruzana ante la posible incidencia de fenómenos naturales.

Asimismo, se asignan los recursos para el Fideicomiso de Desastres Naturales de al menos 10 por ciento de la aportación realizada por el Estado para la reconstrucción de la infraestructura dañada que se registre durante los últimos cinco ejercicios fiscales actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

A la Comisión Estatal Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito se asignó la cantidad de 113 millones 500 mil pesos.

De acuerdo con el documento, se mantiene una estricta disciplina financiera, la aplicación de la Ley de Austeridad del estado, las disposiciones y políticas y los criterios que en esta materia establezca la Secretaría de Finanzas y Planeación.

-Debate entre fuerzas políticas-

Por el grupo legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva subrayó que el dictamen advierte nuevamente la continuidad de una estricta disciplina financiera y de contención del gasto que, por sexto año consecutivo, permitirá orientar recursos públicos para las regiones socialmente menos favorecidas y olvidadas por décadas.

Previamente, la legisladora habló sobre los principales rubros que atenderá el Decreto de Egresos 2024 y significó la asignación para el Seguro de Desastres Naturales y el incremento a temas como educación, desarrollo agropecuario, obras públicas y turismo. Además de la inversión pública, priorizando obras y equipamiento en salud, medio ambiente, espacios educativos y desarrollo social.

El diputado Miguel David Hermida Copado adelantó el voto en contra del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), por considerar que el Presupuesto no contempla la visión para generar empleos y políticas para el crecimiento empresarial. Además, de reducción en materias como seguridad pública, combate a la pobreza y fiscalización superior, entre otros.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete, expresó que el voto en abstención es debido a que, prevé, aún hay pendientes por resolver en la entidad en materia de combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como para la implementación del Registro de Obligaciones Alimentarias. “Nuestra obligación es traducir las leyes en acciones concretas, y la asignación de presupuesto es el paso esencial para hacer realidad este compromiso legislativo”, concluyó.